Avalmadrid facilitó un aval de un millón a Máscara Films, una productora participada por el cineasta Antonio Fernández del Real (40%), María Ávila Palet (40%) y José Miguel Fernández Sastrón, que posteriormente ocuparía la presidencia de la SGAE, para la película La Conjura del Escorial.
Avalmadrid exigió la toma de razón de alguno de los principales contratos de distribución de los derechos de explotación de la película, que tenía un presupuesto de 11,25 millones. Sin embargo no se llegó a formalizar este requisito y se aceptó apenas una carta de interés de Sony.
Según el informe forense, al que tuvo acceso elEconomista, la operación no debió ser autorizada sin una seguridad razonable de que la película fuera a obtener dichos recursos necesarios (le fallaron los recursos estimados de Canal + y de la Comunidad de Castilla y León), ni los ingresos para la devolución de toda la financiación.
Llegados a esta situación, el director de la producción, Fernández del Real, hipotecó su vivienda en San Martín de Valdeiglesias, que fue finalmente ejecutada, lo que permitió recuperar el segundo aval que Avalmadrid concedió de 300.000 euros cuando empezó a tener impagos. La concesión del aval se produjo, indica el informe, «en una situación donde existían claramente conflictos de interés por parte de Caja Madrid y CRM (Capital Riesgo Madrid), que además tenía sentado a su director general, Pedro Olabarría, en el consejo de administración de Avalmadrid. Financiación La producción estaba financiada por Caja Madrid por un importe de 3 millones de euros. Un millón de euros estaba cubierto con un depósito en prenda de CRM, otro millón con el respaldo de Avalmadrid y otro millón como riesgo final de la entidad financiera. Asimismo, CRM entró con otro millón a través de un préstamo participativo (aunque no era socio) y Caja Castilla-La Mancha con 600.000 euros.
El informe forense explica que «el proyecto finalmente fue un fracaso y la práctica totalidad del millón de euros está en fallidos (la sociedad entró en concurso de acreedores en 2011). A la fecha de la inspección, el aval tenía un riesgo de 989.903 euros del primer aval otorgado que ya se considera fallido y que tiene un 34% del mismo con el reaval de Cersa.

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