CEOE critica el nuevo control horario y advierte de sus lagunas legales

El nuevo registro obligatorio para las empresas de la jornada laboral de sus trabajadores sigue suscitando críticas entre el empresariado por sus numerosas lagunas jurídicas así como por la marcha atrás que supone en materia de flexibilidad, la sobrecarga administrativa y la dificultad de que la nueva normativa contemple toda la casuística de las distintas tipologías de desempeño laboral. Por otra parte, la exactitud buscada en la contabilización de las horas trabajadas resulta discutible ya que no se ha estipulado completa y convenientemente cómo registrar ciertas pausas o desplazamientos laborales. En definitiva, la implantación del registro puede tornarse en contraproducente frente al fin buscado de aflorar horas extra no registradas.

En este sentido se ha pronunciado la patronal CEOE a elEconomista, en declaraciones de su directora de Relaciones Laborales, Rosa Santos, quien además ha trasladado a este diario que la organización seguirá manteniendo reuniones con el Ministerio de Trabajo para perfilar una guía práctica más completa y resolutiva, así como para trasladar la problemática detectada por los empresarios.

¿Cómo actuará la inspección?

Después de las numerosas reuniones, mesas de trabajo y conversaciones con el ministerio que pilota Magdalena Valerio, antes de que el Decreto Ley entrara en vigor, CEOE ha detectado que no todas las dudas que se plantearon en estos encuentros tienen hoy reflejo en la Guía sobre el registro de jornada.

El malestar de las empresas, pero también de los trabajadores, se acrecienta cuando las dudas surgen en lo relativo al registro horario de una jornada flexible, al control de las horas extra, cuando estas se pueden gastar en un periodo de cuatro meses, o cómo cruzar el control de las horas extra en una jornada irregular. Otra gran duda es cómo tratar los intervalos del trabajo efectivo o, determinar, qué es tiempo efectivo de trabajo cuando una personas desempeña su empleo fuera de la ciudad en la que se encuentra su empresa. «¿Desde cuándo cuenta el tiempo?», deja en el aire Santos.

De ahí que la interlocución con la Inspección de Trabajo siga siendo permanente, con la ley ya en marcha. Hay que partir de la base, recuerda Rosa Santos a elEconomista, de que «esta medida a nosotros no nos gusta, porque, nos gusta que se haya gestionado a través de un decreto ley, que cercene el concurso del diálogo social, de la opinión y de las enmiendas de un parlamento, o el de un informe del Consejo de Estado; además, nos parece que regular el registro horario es muy complicado, es muy complejo, puede crear inseguridad jurídica y, a la postre, establecer un reglamento, hace más inflexible el mercado de trabajo», apostilla.

Por eso, la patronal, contraria a priori a la medida impulsada, primero desde las filas de Unidas Podemos, y luego legislada por el Gobierno de Pedro Sánchez, no planteará moratorias. Intentará negociar y trabajar con el Ejecutivo para que el controvertido registro horario sea lo menos lesivo posible.

Los cargos intermedios

En esa labor, de la mano de la Inspección de Trabajo, de raíz, la patronal subraya la casuística de la empresa española. El problema -recalca la directora de Relaciones Laborales- no está tanto en las empresas de entre 2.000 y 20.000 trabajadores, donde lleva mucho tiempo fichándose. «El problema se sustancia sobre todo en los mandos intermedios, que no son de alta dirección, y cuyas jornadas laborales a menudo se exceden de las ocho horas».

Hasta ahora, las empresas con este perfil de trabajadores han utilizado «un sistema de autogestión» de las horas extra que ahora se quiere «instrumentalizar». En este sentido hemos instado a las empresas a que sus comités negocien con sus trabajadores. Está claro que cuanto más se aproximen a la realidad las empresas, será mejor», indica Santos. Pero, «¿qué pasará cuando el trabajador se enfade con la empresa y decida acudir a los tribunales?», se cuestiona.