El bloqueo político abre la puerta a soluciones imaginativas para facilitar la investidura: votación sin ‘noes’ o prima de 50 diputados

El bloqueo político que planea sobre España ante una fallida investidura de Pedro Sánchez trae al presente los fantasmas de 2016 y el año que el país estuvo dirigido por un Gobierno en funciones. La amenaza real de que vuelva a haber meses de parálisis (ya van más de dos) abre la puerta a soluciones creativas para resolver por la ‘vía rápida’ un problema de más enjundia. Son el PSOE con una reforma de la votación de investidura y el PP con una prima de 50 diputados al ganador de las elecciones los que han abierto un debate que promete ser espinoso, ya que estas ideas serán criticadas como una forma encubierta de volver al bipartidismo.

La idea que los socialistas preparaban entre bambalinas y que este jueves ha desvelado el propio Pedro Sánchez en televisión es la reforma del artículo 99 de la Constitución, en el que se recoge que las votaciones de investidura deben saldarse por mayoría absoluta o por mayoría simple 48 horas después. Para evitar el bloqueo en este trance, el PSOE aboga por adaptar el mecanismo que rige en los Parlamentos del País Vasco y Asturias, destinado a evitar la repetición electoral por el choque de vetos mutuos.

El sistema consiste en que, fracasada la primera votación por mayoría absoluta, la siguiente votación sea constructiva, al igual que la moción de censura en el Congreso, pero con matices. Lo que recogen los reglamentos de las Cámaras vasca (artículo 165.11) y asturiana (artículo 172) es que en este segunda ronda los grupos voten a su candidato, se abstengan o voten en blanco. En resumen: se prohíbe el ‘no’ a un candidato. Trasladado a la actual situación española, en esa votación Sánchez sería investido con los 123 del PSOE ante, por ejemplo, un Pablo Casado que recibiese los 66 votos del PP o un Albert Rivera que sumase los 57 de Ciudadanos.

El riesgo para Sánchez aquí sería que, por ejemplo, que Casado y Rivera acordasen que los votos de sus partidos y Vox, por poner el caso, sirviesen para investir al primero. La baza del socialista sería que Rivera no estuviese dispuesto a ese apoyo a Casado al haber quedado sus partidos tan parejos en las elecciones. Cuando en 2016 Sánchez se sometió a la investidura, este mecanismo hubiese permitido que su pacto con Ciudadanos (sumaban 130 votos) le diese la investidura frente a un Mariano Rajoy que contaba únicamente con los 123 diputados del PP.

En cualquier caso, la aplicación de este precepto al panorama electoral implicaría una reforma ‘light’ de la Constitución, recogida en el artículo 167 de la misma. Para ello sería necesaria una mayoría de 3/5 en el Congreso (210 diputados) y en el Senado (159 senadores). En el caso de la Cámara Alta, los votos de PP y PSOE serían suficientes, pero no en el de la Cámara Baja, donde se precisaría el concurso de Ciudadanos y/o Unidas Podemos, partidos a priori más refractarios a este cambio. Es por ello que Sánchez ha pedido que esta modificación sea fruto de un «acuerdo de país» entre las principales fuerzas y una vez superada la actual investidura.

La trampa de esta reforma está en el punto 167.3 de la Constitución, que fija que una décima parte de los diputados (35) pueden hacer que la citada reforma no agravada sea sometida a referéndum para su ratificación. Sería un arma política que, por ejemplo, Unidas Podemos (42 diputados) tendría a mano si no está de acuerdo con un eventual acuerdo que alcanzasen, verbigracia, PSOE, PP y Ciudadanos.

El PP mira a Grecia

La otra idea creativa la ha blandido el PP a lo largo de la semana tras rescatarla de su Convención Nacional del pasado diciembre. Se trata de una medida que apunta directamente a Grecia y que consiste en dar una prima de 50 diputados al partido que gane las elecciones. Una solución que el propio Pablo Casado explicó a Sánchez en su reunión de este martes.

Este sistema permitiría, dicen sus defensores, facilitar la investidura evitando las dilaciones negociatorias y dar mayor solidez y estabilidad al Gobierno resultante. En el país heleno este mecanismo ha servido para que Nueva Democracia haya ocupado ya el Ejecutivo a las pocas horas de las elecciones. Aunque en los comicios la derecha griega sacó apenas 20 escaños más que Syriza, ahora tendrá 70 más en la Cámara.

Según argumentan los ‘populares’, este sistema se podría adaptar al caso español a través de una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 1985, para lo que sólo se requeriría una mayoría absoluta en el Congreso. Un acuerdo de los dos grandes partidos, aún capaces de quedar en primer lugar, lo permitiría. Otro punto a favor consistiría en la que Constitución permite en su artículo 68 que el Congreso tenga entre 300 y 400 diputados. Esos 50 se podrían sumar a los 350 actuales.

Debate cambiante

Sin embargo, algún constitucionalista ha apuntado que esta modificación de la Ley electoral chocaría precisamente con otro punto del artículo 68 de la Carta Magna, que establece la circunscripción provincial, extremo que confrontaría con esos 50 diputados englobados en una especie de circunscripción nacional. Del otro lado, politólogos como Fernando Vallespín, director del CIS durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, afinan más y proponen un sistema de doble vuelta con una prima mayoritaria después ante el bloqueo permanente y la dificultad de que los partidos catalanes apuntalen Ejecutivos, como ocurría en los 90.

Estas iniciativas, en cualquier caso, solo podrían impulsarse una vez arranque la nueva legislatura ahora o después de otras elecciones. En esta propia situación de parálisis resulta difícil encontrar el consenso necesario, siendo al final la pescadilla que se come la cola. El debate, cabe destacar, ha virado desde las reformas electorales que proponían los partidos emergentes para variar la Ley D’Hont o las circunscripciones; iniciativas que precisaban de amplio consenso para cambiar varios puntos de la Constitución y ante las que los dos grandes partidos sesteaban.