Los acusados del procés apelan a una salida política del conflicto catalán en su alegato final en el juicio

El juicio del procés en el Tribunal Supremo ha acabado este miércoles tras cuatro meses y 52 sesiones. El presidente de la Sala II de lo Penal, Manuel Marchena, ha decretado el «visto para sentencia» después de escuchar durante toda la tarde el alegato final de los 12 acusados. Con matices, todos ellos han abogado por que el conflicto catalán salga de los tribunales y vuelva al terreno de la política.

Oída la exposición final de las defensas, la última palabra de los procesados ha cerrado el juicio de forma circular al haber arrancado el mismo con sus intervenciones iniciales ante el tribunal. En el momento en el que Marchena ha clausurado la sesión dando «muchísimas gracios a todos», la emoción y la tensión acumulada ha invadido a los acusados, que han comentado estas sensaciones con la prensa, informa Servimedia.

Ahora falta que la Sala se pronuncie sobre la petición de Oriol Junqueras de poder asumir el cargo de eurodiputado. El tribunal también tiene que decidir si el tiempo de espera hasta la sentencia lo pasan los acusados en la cárcel o en libertad provisional. De dictar que permanecen en prisión preventiva, todo apunta a que Interior los trasladará a cárceles catalanas.

Respecto a la sentencia, es muy difícil aventurar cuándo puede llegar. Aunque algunas fuentes creen factible que esté para finales de julio, todo apunta a que llegará en septiembre o octubre, marcando claramente el nuevo ciclo político y muy probablemente la convocatoria de elecciones en Cataluña. El ponente de la sentencia será el propio Marchena, así que habrá expectación por conocer cómo argumenta.

Junqueras pide que el conflicto catalán salga de los tribunales y vuelve al «terreno de la política»

El primero en hacer uso del turno de última palabra ha sido el líder de ERC Oriol Junqueras, para quien la Fiscalía pide 25 años de prisión por rebelión -le consideran «motor» de la misma- agravada con malversación. El exvicepresidente catalán ha apelado a devolver la cuestión del conflicto catalán a «la política, la buena política, de la que nunca debería haber salido, al terreno de la negociación, el diálogo y el acuerdo».

Utilizando sólo unos pocos minutos de los 15 de los que disponía, ha asegurado que mantiene sus «convicciones políticas y religiosas» y que las comparte «con todos aquellos que creen que defender la república desde un parlamento no puede constituir delito», siempre «desde el respeto a las libertades fundamentales y los Derechos Humanos».

El exvicepresidente ha apoyado su disertación en un papel en el que tenía escritas sus palabras y ha sacado sus gafas para poder leer. Junqueras se ha definido como un «padre de familia y profesor» cuya «dedicación a la política» llegó «tardía por la voluntad de ser útil» y por la «voluntad de construir un mundo mejor».

Así, dirigiéndose directamente a los siete magistrados, ha manifestado que entiende que «les han pasado a la responsabilidad de dictar sentencia» sobre lo que fue el proceso independentista catalán, pero ha subrayado que «lo mejor para todos sería devolver la cuestión a la política.

Romeva acusa de «odio» al Poder Judicial y dice que en el banquillo del juicio hay dos millones de ciudadanos

El segundo turno ha sido para el exconseller de Relaciones Exteriores de la Generalitat de Cataluña Raül Romeva, para quien la Fiscalía pide 16 años por rebelión agravada con malversación. El senador de ERC suspendido del cargo ha reseñado que en el banquillo «no estamos solo 12 personas, sino más de dos millones». También ha reprochado las «tergiversaciones de las acusaciones» al considerarlas «irresponsables» porque «el odio nunca ha construido nada, el odio solo engendra más odio».

A juicio de Romeva, las acusaciones han buscado «escarmentar y castigar una ideología». Esto, ha subrayado, «me preocupa personalmente, preocupa mucho en Cataluña, pero también mucho más allá por lo que hemos podido constatar». En su opinión, las acusaciones se han fundamentado en un «sesgo en absoluto disimulado» ratificado en unos informes finales que «pretenden desdibujar la realidad, no por repetirlo mil veces una mentira se convierte en verdad».

Además, Romeva ha criticado «la instrumentalización del concepto de odio, se ha creado un odio contra España, que desde mi punto de vista no solo es falaz sino que es irresponsable». Según el exconseller, es falaz porque «no han podido aportar ni una sola prueba que demuestre tal odio por parte de quienes estamos aquí sentados». Así, ha proseguido, «si escucharan alguna vez a las millones de personas que llevan años manifestándose de forma pacífica, si leyeran las miles de cartas que leemos en la soledad de nuestras celdas, comprobarían sin margen de error que no es en absoluto el odio que mueve a estas personas».

Forn niega que interfiriera en la labor de los Mossos y que buscara liquidar el orden constitucional español

El exconseller de Interior Joaquim Forn, para quien el ministerio público reclama 16 años por rebelión agravada con malversación, ha negado en su alegato final, el tercero, que es «rotundamente» falso que su actuación como miembro del Govern de Carles Puigdemont tuviera como objetivo «liquidar la Constitución y atacar el orden constitucional».

Además, ha insistido en que los Mossos d’Esquadra «nunca» recibieron de su parte «ni por parte de ningún miembro del Gobierno instrucción alguna para dejar de cumplir con sus obligaciones como Policía judicial», en referencia a los mandamientos judiciales para impedir el 1-O. Asimismo, Forn se ha referido a que sus declaraciones «en favor de la celebración del referéndum nunca interfirieron en las obligaciones de la Policía, sino que expresaban mi apoyo al compromiso político del Gobierno».

El exconseller también ha defendido que el 1-O fue un «hecho extraordinario» y de «gran valor democrático», en el que ha sostenido que sólo se produjeron incidentes en 20 de los 2.000 puntos de votación que hubo esa jornada. En este sentido, ha querido señalar que condena los actos violentos «provengan de donde provengan».

Turull defiende el referéndum: «El 1-O no había masas, ni turbas, había ciudadanos ejerciendo de ciudadanos»

El exconseller de Presidencia Jordi Turull, que afronta la misma petición de penas que Romeva y Forn, ha sido el cuarto de los acusados en hacer su alegato final. Ha reprochado a las acusaciones de hacer un relato de los hechos con «falta de rigor» y «falta de conocimiento del funcionamiento de la Administración de Cataluña».

Así, les ha acusado de confundir la «discrepancia» y la «protesta» contra las resoluciones judiciales o la actuación policial con un «ataque», pues durante todo el procedimiento les ha responsabilizado de un «ataque al Estado», una «falta de respeto al ámbito judicial» o «ataque a la policía». «Esto solo existe en mentalidades inseguras o autoritarias», ha agregado.

«Las acusaciones no, yo estaba el 1-O. Fue vivido con ilusión, con la sensación de participar en algo grande», ha dicho sobre la jornada del referéndum. «No había masas, ni turbas, había ciudadanos ejerciendo de ciudadanos. Eso fue el 1-O en el 98% de los casos. No hubo murallas humanas de violencia, hubo montañas de dignidad».

Turull ha concluido su alegato agradeciendo la labor de sus abogados -Jordi Pina, Ana Bernaola y Francesc Homs-, a todas las personas que se han concentrado pidiendo su libertad y dando muestras de «apoyo» y a su familia. En este momento, ha tenido que parar de hablar y beber agua, pues se ha emocionado, aguantando las ganas de llorar: «Lo dejo ahí, ya saben lo que les quiero decir», ha dicho.

Rull: «Estoy procesado por rebelión por no haber dejado mi actividad política. Estoy convencido de ello»

El exconseller de Territorio Josep Rull, para el que los fiscales también piden 16 años, ha querido mostrar su «gratitud infinita» a su familia, a sus amigos y al «pueblo de Cataluña». «He dado la cara y he respondido a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado con la conciencia muy tranquila», ha dicho antes de preguntarse retóricamente si en este juicio se han juzgado «ideas». «Hay un escenario de negación de la política, de negación del diálogo», se ha quejado.

«Estoy procesado por rebelión por no haber dejado mi actividad política. Estoy convencido de ello», ha denunciado Rull, diputado en el Congreso suspendido de su cargo. En ese sentido, ha expuesto que la imputación de este delito ha perseguido desde la instrucción dejarles fuera del terreno político. Esto, ha agregado, «no es una intuición vaporosa», ya que «el anterior ministro de Justicia Rafael Catalá en una entrevista el 1 de febrero apuntó plazos y términos de nuestra suspensión… y un Estado Derecho fuerte no necesita estos instrumentos para protegerse».

«Me piden condena por haber firmado una hoja de ruta que es la base del programa electoral; por haberme reunido en varias ocasiones para preparar la independencia, sin explicar cómo, cuándo, el propósito; avalar la decisión de mi equipo de no autorizar el atraque de un barco en el puerto de Palamós, solo avale esta decisión de naturaleza técnica. He hecho esto con todo el conocimiento de manera razonable y de manera seria como conseller». Así, agregó, la cuarta razón para que pidan mi condena es una «entrevista absolutamente manipulada por parte de la fiscalía, es impropio de una fiscalía seria en un Estado de Derecho solvente y homologable, es inadmisible».

«Ustedes hasta ahora con sus resoluciones han hecho que yo no pueda ver crecer a mis hijos, pero sea cual sea el sentido de la sentencia, no van a impedir que yo les transmita la dignidad, que pueda dar un testimonio de nuestro compromiso, de nuestra lucha democrática tenaz, incansable apasionada, para que el día de mañana puedan vivir en un país mejor donde sea simplemente imposible que alguien pueda ser encarcelado por haber defendido nuestros ideales», porque «la esperanza es más imparable que el miedo, después de nosotros vendrán más, no existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo», ha concluido.

Jordi Sànchez acusa a la Fiscalía de haber «banalizado la violencia» y critica duramente la prisión preventiva

El expresidente de la ANC Jordi Sànchez ha acusado a la Fiscalía, que pide para él 17 años por rebelión, de «banalizar la violencia» en el desarrollo del juicio. Después ha pormenorizado su trayectoria como activista con vocación política, aunque sin ser «político profesional», alegando que él ha fundamentado ese camino en la defensa de la «no violencia».

A continuación, a Sànchez se le ha quebrado la voz al recordar el pesar sufrido por sus familiares por su estancia en prisión preventiva durante casi dos años. «La prisión me ha enseñado muchas cosas (…) Una de ellas es el abuso de la prisión preventiva, un abuso del que hace uso la Fiscalía», ha denunciado. En este sentido, ha acusado al ministerio fiscal de hacer una suerte de chantaje en este sentido para que los acusados se declaren culpables aunque no lo sean para ver reducida su pena.

«Ustedes (el Poder Judicial) no pueden resolver este problema, que es política, pero tienen la responsabilidad de no agravar esta situación», ha apelado directamente Sànchez a la Fiscalía y al tribunal. «Ojalá su sentencia sirva para resolver ese problema que los políticos no supieron solucionar», ha espetado a la Sala.

«El 1-O no fue violencia. Fue disidencia, afirmación, dignidad. Y es lo que ustedes tendrá que valorar: hasta dónde puede llegar la protesta», ha añadido. «Quizá no veré la independencia de mi país, pero espero ver que se llega a un acuerdo legítimo», ha afirmado también.

Forcadell se queja de que sus compañeros de la Mesa del Parlament no hayan sido tan «incriminados» como ella

La expresidenta del Parlament, que afronta también una petición de pena de 17 años por rebelión, ha fundamentado su turno de última palabra en quejarse de que el resto de la Mesa de la Cámara que ella presidía sea juzgado en el TSJC y ella en el Supremo. Forcadell ha esgrimido que no hay nada que motive esta escisión y ha hecho igualmente responsables a sus compañeros de Mesa de las decisiones que se tomaron.

«Estoy siendo juzgada por mi trayectoria política. Por ser quien soy, por mi trayectoria política. No por los hechos», ha denunciado. También ha dicho que se la ha intentado incriminar con tuits inexistentes y pruebas que no son tales. Igualmente, ha revelado que no es que no pudiera acudir a la reunión de los Mossos con el Govern antes del 1-O, sino que nadie la convocó. En ese sentido, ha acusado a la Fiscalía de mentir.

«Es muy difícil sostener y entender por qué motivo y con qué pruebas estoy acusada de rebelión, mientas mis compañeros (de la Mesa) están acusados de desobediencia y serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Después de 347 días de prisión injusta y después de cuatro meses de juicio en que hemos visto pruebas y escuchado testigos, resulta totalmente incomprensible», ha expresado.

«No podemos convertir la Mesa del Parlament en un órgano censor», ha enfatizado finalmente pidiendo que «el debate y el voto sean libres en un parlamento».

Bassa se declara «inocente» y defiende que en todo momento se pensó en una negociación con Moncloa

La exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Cataluña Dolors Bassa -para ella se piden los 16 años de los otros consellers- ha reivindicado su inocencia ante el tribunal. «Soy inocente y lo digo con voz alta y clara», ha afirmado, para asegurar que la sentencia «no solo será mi libertad, sino la libertad de muchas generaciones». Durante su última palabra, Bassa ha recordado al tribunal «los 478 días de mochila, de encarcelamiento, de celda…» y ha reconocido que la mayor parte del tiempo el juicio le ha entristecido porque «las acusaciones han hablado de hechos falsos».

«No tengo formación jurídica, ni el nivel de ustedes, pero mi opinión no debería poder ser imputable a una rebelión de un gobierno legítimo, ni de una organización civil», ha destacado. Aun así, ha apuntado, «no sé si estamos en un juicio político o no, pero ante la exposición de los argumentos de la fiscalía subyace un gran fondo político».

Durante su ejercicio como consellera, ha resaltado, «lo he hecho honestamente» y recordó que el Gobierno de la Generalitat respondió a una demanda «del 80% de la población que pedía votar y esto es lo que hemos hecho, así ha sido el mandato democrático. Desobediencia hubiera sido presentarnos con un programa y no cumplirlo y nosotros lo hemos cumplido». En este sentido, ha apuntado que siempre pensó que se encontraba ante un «conflicto político».

Cuixart admite orgulloso que hubo «desobediencia civil» y lamenta ver crecer a su hijo «entre barrotes»

El líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha empezado su turno resaltando que él no ha esquivado la acción de la Justicia desde que comenzó la acción de los tribunales. En su discurso ha hablado de «penalización de derechos fundamentales» en este proceso y ha conminado a todos los españoles a oponerse a ella.

Cuixart, el tercero en liza en la petición de 17 años de los fiscales por rebelión sin malversación, ha dicho que no puede dar como falsa la recurrente acusación de la Fiscalía de que hubo una «movilización permanente en Cataluña». De hecho, la ha defendido y ha asegurado que la seguiría propugnando. «Parece que con este juicio se quiere que la gente deje de protestar», ha lamentado. Del mismo modo, ha reconocido que hubo «desobediencia civil» y lo ha ensalzado como algo positivo, matizando que no fue violenta y que no iba contra todo el ordenamiento jurídico, sino sólo contra algunas de sus leyes.

«No nos van a enfrentar entre españoles aunque el PP recoja firmas contra el Estatut o mande más policías a Cataluña», ha asegurado. Igualmente, ha tildado de «decepción» y «oportunidad perdida» el discurso del Rey el 3-O. «Me niego a vivir sin esperanza», ha dicho Cuixart dirigiéndose a fiscales y magistrados a la vez que ha remarcado que no va a «odiar» a nadie. «Estoy viendo crecer a mi hijo entre barrotes», ha lamentado también el presidente de Òmnium a la vez que ha reivindicado el derecho a la autodeterminación. «Estoy convencido de que lo volveremos a hacer», ha cerrado en catalán y en castellano Cuixart ante la Sala.

Vila: «Por haber defendido la Constitución de 1978 he recibido palos y hachazos en Cataluña»

El exconseller de Empresa Santi Vila, al que se acusa de desobediencia y malversación (siete años), ha empezado con una pregunta retórica en base a lo escuchado en la Sala: «¿Cómo hemos podido llegar a este punto, a este despropósito?». También ha mostrado su impresión por que gente que como mucho ha tenido una multa de tráfico se enfrenta ahora a las penas más duras.

«Yo siempre he actuado de buena fe. Siempre respeté el espíritu y la letra de la Constitución de 1978, esa que defiende que hay una nación de naciones», ha reivindicado Vila. «Por defender esta Constitución he recibido palos y hachazos en Cataluña. Por defender que había un árbitro en el TC y que no se podía hacer nada desde la unilateralidad», ha añadido.

«El acuerdo con el Gobierno de España estuvo a punto de ser posible», ha lamentado un Vila que ha repasado las conversaciones que hubo entre Ejecutivo central y catalán los meses previos al otoño de 2017.

«Entre todos habíamos roto las condiciones de confianza. Por eso dimití. No dimití por el hecho de que yo pensara que mis compañeros iban a cometer ilegalidades. Me fui porque Puigdemont no convocó elecciones ajustadas a derecho», ha relatado.

«¿Por qué en 2015 no se impugnó el programa electoral de JxSí? ¿Por qué no se aplicó el 155 cuando en las catalanas de septiembre de 2015 ganó ese programa electoral», se ha preguntado Vila respondiéndose a sí mismo que nadie esperaba llegar hasta donde se llegó.

«Tengo plena confianza en la Justicia y en este tribunal. Confío en que su sentencia sea parte de la solución y no aumente el agravio», ha concluido Vila.

Borràs alega que en todo momento se descartó un referéndum con gasto público para no exponer a nadie

La exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs, sobre la que pesa la misma acusación que a Vila, ha reclamado «poder votar, decidir su futuro, sin imponer nada a nadie» y ha reivindicado que la ciudadanía catalana pueda participar en el «diseño de su futuro». «Nuestro programa de Gobierno no fue discutido por la Junta Electoral Central, ni por otro estamento» ha querido traer a colación.

Borrás ha recordado la voluntad del Govern de un «referéndum pactado, sin gasto público, todos y cada uno de nosotros entendíamos que no habría gasto público, que no expondríamos a nadie, hacerlo exponía a funcionarios y trabajadores públicos y a ello no estábamos dispuestos. Esta era mi voluntad y estoy segura que de los otros miembros del Govern».

«No estoy acusada de rebelión, pero estuve en Cataluña, no hubo clima de insurrección, pero hay un conflicto político, que no es poco. A ninguno de mis compañeros se les ocurrió la utilización de la violencia para conseguir sus objetivos».

Mundó también aboga por volver a la vía política y pide que queden en libertad sus nueve compañeros de banquillo

El último en intervenir ha sido el exconseller de Justicia de la Generalitat Carles Mundó (soporta la misma acusación que Vila y Borràs), quien ha pedido en su alegato final la libertad de sus nueve compañeros en prisión preventiva y que la sentencia de esta causa «contribuya» a que en el asunto de Cataluña no se sigan tomando decisiones que lleven a «callejones sin salida».

Mundó ha señalado, en una breve intervención y en referencia al debate sobre la independencia en Cataluña y al juicio, que «trasladar los temas políticos a los tribunales hace un flaco favor a la política y seguro que en nada ayuda a la Justicia».

«Estoy seguro», ha remachado, «de que estamos a tiempo de buscar caminos que nos acerquen a las soluciones. Enrocar las posiciones o conducir los temas a callejones sin salida es siempre, a mi entender, un camino equivocado».

Las claves de la acusación de la Fiscalía al procés: golpe de Estado, violencia, malversación y rebelión

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