Finalmente, y tras valorar el informe realizado por Price Watherhouse, por encargo de la administración andaluza, la Consejería de Sanidad ha roto este jueves la relación laboral que unía a la Junta con Bernat Soria. Las razones del fin del contrato, no son otras que el incumplimiento del mismo por parte del exministro socialista de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, no habiendo respetado la clausula de exclusividad que le obligaba a trabajar solo para la Fundación Progreso y Salud, que dependía de la Junta de Andalucía.

Soria, según confirman fuentes de dicha Fundación, combinaba su responsabilidad el frente del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa con otras dos empresas de carácter privado, que por cierto, también se ocupaban de estudios celulares. El conflicto de intereses y la falta de respeto a la clausula de exclusividad que tenía contraída con la Junta han precipitado la rescisión del contrato, tal y como ha comunicado el Patronato de la Fundación.

El que fuera ministro de Sanidad con Zapatero, y que dejó Madrid por Sevilla a los pocos días de abandonar el Gobierno de España, fue contratado entonces por José Antonio Griñán, estando al frente de la Consejería de Sanidad la hoy ministra de Hacienda, en funciones, María Jesús Montero. Por esta responsabilidad, Soria percibía un sueldo de 150.000 euros al año, y así lo ha hecho durante diez años de forma consecutiva.

Pero esta rescisión de contrato no ha sido la única que se ha producido este jueves en el seno de la Fundación Progreso y Salud. Otro trabajador, Fhom Fhamkr, también ha perdido su relación laboral con la Junta, tras descubrir que éste tenía bajo su responsabilidad a una persona que nunca llegó a acudir a su puesto de trabajo. Fhamkr también percibía un salario de 150.000 euros al año, la mayor retribución dentro de la administración andaluza.

Las investigaciones se remontan a dos expedientes que fueron iniciados en la etapa de la expresidenta Susana Díaz. Concretamente en octubre de 2018, y en enero de 2019 –en este último, estando ya la dirigente socialista en funciones, apenas unos días antes de Juanma Moreno Bonilla llegara al Palacio de San Telmo-. Sin embargo, ambos expedientes quedaron guardados en un cajón y, pese a que fue Díaz la que puso el primer foco sobre la cuestión, no fue hasta que llegó la nueva Ejecutiva de PP-Ciudadanos la que ha rematado un escándalo que afecta a una de esos organismos que cuelgan de la reprobada administración paralela, administración que nació al amparo de las juntas regidas por el PSOE durante 37 años.

Susana Díaz escondió el contrato fantasma del exministro Bernat Soria en la Junta y por el que aún cobra 150.000 euros



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