A pesar de que todo parece indicar que no habrá obstáculos para que los diputados de Unidas Podemos avalen la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras el 21 de mayo, lo cierto es que sigue habiendo ciertas diferencias programáticas entre la formación morada y el PSOE. Ambos coinciden en la necesidad de incrementar el gasto social, chocan en las políticas de empleo y de vivienda y el futuro de la consolidación fiscal genera fricciones todavía no resueltas.

De hecho, los mayores desacuerdos de la legislatura que ya está agonizando entre Sánchez, cuando comenzó su mandato a finales de mayo del año pasado, e Iglesias llegan en estos ámbitos. El primer real decreto-ley de medidas urgentes en vivienda embarrancó porque el partido morado decidió no apoyarlo. Y a pesar de que su segunda versión sí recibió el respaldo de la formación en la Diputación Permanente hace unas semanas, Podemos no se mueve de su reclamación de que el Estado intervenga y reduzca, a través de cambios legislativos, el precio del alquiler de la vivienda en zonas tensionadas.

Otro motivo para el disenso entre Podemos y el Gobierno es la reforma laboral ejecutada por Mariano Rajoy en 2012… o más bien su contrarreforma. Mientras que Magdalena Valerio, ministra de Empleo, defendía una derogación parcial de la misma, las fuerzas de Iglesias apostaban por su supresión completa. A día de hoy, las posturas en esta cuestión permanecen alejadas: Podemos insiste en volver a la legislación laboral de 2011 mientras que Sánchez descarta los pasos atrás e insiste en una «evolución» tomando el escenario actual como base.

El otro punto de fricción está en la política fiscal. Más allá de las medidas tributarias de uno u otro bando (ver página anterior), el Gobierno está plenamente comprometido con que España mantenga la senda de reducción del déficit, aunque más atenuada que la pactada por Mariano Rajoy en su momento, y que conduzca al equilibrio fiscal en 2022.

En cambio, el punto de visto en Podemos es totalmente distinto. Consideran que todos los ingresos se han de dedicar a gasto social e inversiones públicas, sin destinar un euro a reducir el déficit, manteniéndolo en un dos%, como está pronosticado para este año.

Apuesta por el SMI

Sin embargo, la apuesta por el gasto social une a socialistas y miembros de Podemos. Consideran que se ha de recuperar la inversión que en este campo se perdió en los años de la crisis económica, compartiendo conceptos como el ingreso mínimo vital para colectivos deprimidos en riesgo de exclusión – aunque difieren en las cantidades a dedicar a estas poblaciones – y la gratuidad de la escuela infantil de cero a tres años.

Otra cuestión en la que coinciden plenamente es en el futuro del salario mínimo interprofesional (SMI). Si bien fue Iglesias quien tuvo que convencer a Sánchez para que aceptar subirlo a 900 euros en 2019, ahora ambas formaciones apuestan por un incremento similar, que dejaría el SMI en aproximadamente 1.200 euros mensuales para 2022. En este sentido, tanto PSOE como Podemos quieren cumplir lo planteado en la Carta Social Europea, que indica que el SMI tiene que suponer el 60% del salario medio.

En materia de pensiones también tienen posturas comunes. Ambas formaciones proponen una subida anual de estas prestaciones equiparable al IPC y blindar estos incrementos en el articulado de la Constitución.

Así mismo, ambos apuestan por abordar la sostenibilidad de la Seguridad Social, aunque solo la formación morada dice explícitamente cómo: eliminaría los topes de cotización, así como los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados, ideas que los socialistas ni siquiera se han planteado.

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