Valladolid
\n18\/11\/2020 – 19:02<\/p>\n
La Direcci\u00f3n de los Servicios Jur\u00eddicos de la Consejer\u00eda de la Presidencia ha formalizado la demanda judicial ante el Tribunal Supremo reclamando al Estado el abono de los 182 millones de euros que corresponden a la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n de acuerdo con las leyes por el IVA de 2017.
\nLos Servicios Jur\u00eddicos han presentado la demanda judicial en reclamaci\u00f3n de cantidad al Estado del pago de 182 millones de euros no ingresados en las arcas auton\u00f3micas, como era su derecho, correspondientes a la p\u00e9rdida de ingresos en la liquidaci\u00f3n del a\u00f1o 2017 correspondiente al IVA, que ascienden directamente a un total de 120,49 millones de euros de principal, y 61,51 millones de euros de perdida indirecta -que se corresponden a 30,98 millones de euros por el Fondo de Garant\u00eda de Servicios P\u00fablicos Fundamentales, 21,21 millones de euros correspondientes al Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de cooperaci\u00f3n-, informa la Junta en un comunicado.
\nEl conflicto surgi\u00f3 con la aprobaci\u00f3n por el Estado del Real Decreto 596\/2016, de 2 de diciembre, donde se estableci\u00f3 un nuevo sistema de llevanza de libros registro a trav\u00e9s de la Sede Electr\u00f3nica de la Agencia Tributaria, ampliando el plazo de liquidaci\u00f3n del IVA para todos aquellos sujetos pasivos cuya obligaci\u00f3n de autoliquidar el impuesto era mensual -grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el Registro de Devoluci\u00f3n Mensual del IVA-. Tras el cambio, la fecha l\u00edmite para liquidar cada mes pas\u00f3 del d\u00eda 20 al d\u00eda 30 del mes siguiente, y con este retraso, el ingreso de la liquidaci\u00f3n del IVA de noviembre de 2017 pas\u00f3 de contabilizarse en diciembre de 2017 a contabilizarse en enero de 2018, es decir, en otro ejercicio, a pesar de que fue efectivamente ingresado por las empresas en el Estado dentro del a\u00f1o 2017.
\nEste cambio en las fechas de ingreso del IVA solamente le provoc\u00f3 al Estado un retraso de 10 d\u00edas en el ingreso en su caja, ya que recaud\u00f3 lo mismo que hubiera recaudado conforme a las reglas antiguas. Sin embargo, para las comunidades aut\u00f3nomas, como Castilla y Le\u00f3n, ha supuesto la p\u00e9rdida de la financiaci\u00f3n de un mes entero del IVA en la liquidaci\u00f3n del sistema para 2017, p\u00e9rdida que ser\u00e1 permanente.
\nEllo ha conllevado, como se\u00f1ala el director de los Servicios Jur\u00eddicos de la Junta, Luis Miguel Gonz\u00e1lez Gago, que la Comunidad tuviera que acudir al sistema de cr\u00e9dito al no disponer de un dinero con el que contaba, ya que con \u00e9l se atend\u00edan servicios esenciales auton\u00f3micos que no pod\u00edan dejar de prestarse, como los sanitarios, los educativos o los de servicios sociales, dinero que la Junta tendr\u00e1 que devolver. Reiteradas peticiones En la demanda de esa cantidad se ponen de manifiesto las sucesivas y reiteradas peticiones efectuadas desde entonces por la Consejer\u00eda de Econom\u00eda y Hacienda, tanto por carta al Ministerio de Hacienda como en el Consejo de Pol\u00edtica Fiscal y Financiera, sin que el Estado haya materializado una soluci\u00f3n.
\nSe alega por los Servicios Jur\u00eddicos Auton\u00f3micos que tal conducta del Estado vulnera el principio de legalidad, en sus previsiones tanto nacionales como europeas, ya que la Directiva del Consejo de Europa de 2006, relativa al sistema com\u00fan del IVA, determina que los Estados miembros podr\u00e1n establecer otras obligaciones que estimen necesarias para garantizar la correcta recaudaci\u00f3n del IVA y prevenir el fraude, pero siempre que respeten el principio de igualdad de trato de las operaciones interiores, cosa que no ha ocurrido en este caso al no efectuarse esa transferencia interna; tambi\u00e9n se infringe el derecho a la autonom\u00eda financiera de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n, consagrado constitucionalmente, se produce la infracci\u00f3n de los principios de buena fe, confianza leg\u00edtima y lealtad institucional, establecidos en la Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico de 2015, y provoca un enriquecimiento injusto de la Administraci\u00f3n del Estado, ya que \u00e9l s\u00ed cobr\u00f3 a los ciudadanos, pero no ha pagado a la Comunidad, adem\u00e1s de ser una medida claramente discriminatoria, dado que afecta \u00fanicamente a las comunidades aut\u00f3nomas de r\u00e9gimen com\u00fan, como Castilla y Le\u00f3n, pero no a las comunidades forales de Pa\u00eds Vasco y Navarra, que se encuentran en la misma situaci\u00f3n que el Estado, al no formar parte del sistema de financiaci\u00f3n auton\u00f3mico-.
\nPara el director de los Servicios Jur\u00eddicos de la Junta, Gonz\u00e1lez Gago, la actuaci\u00f3n del Estado ha conllevado la vulneraci\u00f3n de la doctrina de no poder actuar contra los actos propios, ya que el Gobierno de la Naci\u00f3n reconoci\u00f3 expresamente la situaci\u00f3n producida y manifest\u00f3 su compromiso de solucionarla, como evidenci\u00f3 la aprobaci\u00f3n por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley de presupuestos generales de Estado para 2019, que contemplaba expresamente la reversi\u00f3n de la medida de ampliaci\u00f3n del plazo de presentaci\u00f3n del IVA, permitiendo a la administraci\u00f3n del Estado computar 13 meses de IVA en t\u00e9rminos de caja, para compensar el que faltaba en la liquidaci\u00f3n de 2017.
\nSe\u00f1ala Gonz\u00e1lez Gago que incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal espa\u00f1ola ha puesto de manifiesto esta circunstancia en varios de sus informes, reconociendo el impacto negativo que aquella norma ha tenido en la liquidaci\u00f3n de los recursos del sistema de financiaci\u00f3n de 2017 a percibir en 2019 por las comunidades aut\u00f3nomas, que tendr\u00edan una p\u00e9rdida recaudatoria cercana a los 2.500 millones de euros para su conjunto -0,2 % del PIB-, y que en Castilla y Le\u00f3n se estim\u00f3 en el 0,27 % del PIB.
\nPor todo ello, la Junta reclama judicialmente al Estado el abono efectivo de los 182 millones de euros o, de forma subsidiaria, solicita que se le pague esa cuant\u00eda como indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado, o en \u00faltimo caso, que se aplique el sistema de compensaci\u00f3n, de tal forma que cualquier deuda que pudiera tener la Junta de Castilla y Le\u00f3n con el Estado ahora o en un futuro se vaya sufragando contra ese cr\u00e9dito.<\/p>\n