El primer día de entrada en vigor de la obligación de las empresas de realizar el control de horas de la jornada laboral de sus trabajadores dio como resultado un estado de confusión, tanto para los empleadores como para los propios trabajadores de las empresas españolas sobre la implantación de la medida. Concretamente, los empresarios denuncian un estado de inseguridad jurídica y un profundo desconocimiento por parte de los afectados sobre los extremos de la medida.

Así lo pone de manifiesto el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en declaraciones a elEconomista, asegurando que la medida del Gobierno «es una chapuza» que presupone que «todos los empresarios son unos defraudadores», por lo que critica el fondo de la norma y recuerda que hasta 600.000 actividades profesionales en nuestro país no cuentan con un centro físico de trabajo para su desarrollo.

En este sentido, Amor apunta a una de las modalidades de jornada laboral que se vería afectada y que cada vez se encuentra más implantada en las empresas españolas: el teletrabajo. «Va contra la flexibilidad de los horarios a través de la implantación de nuevas tecnologías, y modelos como el del teletrabajo», asegura el presidente de ATA, añadiendo que «lo más importante es la inseguridad jurídica que genera entre los empresarios» por su desconocimiento.

En esta línea, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, echa en falta que el Gobierno hubiera otorgado un mayor plazo a los agentes afectados. «Echamos de menos que el Gobierno hubiera dado más tiempo a las pymes para implantar la medida», asegura Abad, al tiempo que explica que la medida afectará en mayormente a las pymes, ya que las medianas y grandes empresas cuentan con amplios gabinetes legales que facilitan el cumplimiento de la misma.

«Pedimos al Gobierno que haga una campaña directa de divulgación a las empresas y que la inspección de trabajo sea condescendiente al principio» para que nadie sea sancionado por desconocimiento, señala Abad.

Landaburu: «No podemos recibir todas las novedades con tantos aspavientos»

Por su parte, la secretaria general de UATAE, María José Landaburu, asegura que «se han escuchado cosas como que la ley genera inseguridad jurídica, sencillamente creo que es falso, y que no podemos recibir todas las novedades con tantos aspavientos: hay que cuidar a los trabajadores desde los derechos, y hacer propuestas para mejorar cosas sin echar por tierra todos los avances», explica argumentando lo positivo de la medida en su conjunto.

Aluvión de consultas legales

Desde el punto de vista de la aplicación más práctica del control de jornada, el socio del Área laboral de Toda & Nel-lo, Dídac Ripollès, señala que su despacho ha recibido «mil consultas» desde que el Ejecutivo hiciese pública su intención de aplicar este control sobre las horas de trabajo. Si bien, asegura que cuando llegó el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, éstas iban dirigidas a saber si finalmente se aprobaría la medida y desde la aprobación del Real Decreto-ley de marzo se sustentan sobre cuáles son los sistemas mediante los que se puede implantar el control y cómo hacer que este sea lo menor gravoso posible.

«Hay mucha resistencia y las empresas están aplicando la forma menos restrictiva posible», explica Ripollès, recordando la flexibilidad de aplicación que deja abierta el texto del decreto aprobado. Si bien, el socio del Área laboral de Toda & Nel-lo apunta a una sentencia por llegar del TJUE sobre este aspecto y que ya cuenta con un dictamen del abogado General asegurando que la falta de una regulación al respecto incumple la normativa europea, por lo que se esperaba un mandato de regulación procedente de Luxemburgo.

En esta línea, el socio-director de Abdón Pedrajas & Molero, Antonio Pedrajas, señala que a tenor de los problemas generados por la medida queda claro que «la realidad del mercado laboral en España está bastante por delante de lo que prevé la medida» de control de jornada. Así, Pedrajas aduce un desconcierto entre empleadores y trabajadores en casos específicos, como «qué ocurre con las empresas que carecen de representantes de los trabajadores y si es compatible el registro con la distribución irregular de la jornada, que las empresas pueden aplicar en un 10% de las horas.

Por último, el subdirector de Nexian, Sergio Gallardo, apunta a los sectores que se verán más perjudicados, que serán los de la agricultura ya que «muchas zonas no tienen conexión y no pueden llevar un control telemático» y la jornada varía en función de la climatología, o el de los transportes y comerciales por la flexibilidad espacio-temporal de sus actividades.

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