Las empresas piden al PSOE que no ceda Ministerios económicos a Podemos

El presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, se enfrenta el lunes a un proceso de investidura que podría llevarle a un pacto con Unidas Podemos, tras la renuncia del líder de la fundación morada, Pablo Iglesias, a formar parte del Gobierno. Los principales actores de la arena económica analizan para elEconomista el impacto de esa eventual alianza de Gobierno, en la que harían falta los votos de ERC y JxCat, y concluyen que inversores y empresas rechazan la inclusión de miembros de Podemos en Ministerios económicos clave -como Trabajo, Hacienda o Economía- ya que resultaría negativa para la actividad económica, la confianza, la inversión y la imagen del país, además de implicar fuertes subidas de impuestos.

«Sin duda tendría un impacto negativo en los mercados», advierte Víctor Alvargonzález de Nextep Finance. «Es clave que el PSOE evite incluir perfiles duros de Podemos en puestos clave del Gobierno», añade el profesor de Finanzas Juan Fernando Robles, para argumentar, además, que «tendría una influencia estética negativa de cara al exterior». No en vano, el hecho de que Podemos asumiese los ejes de la política económica acarrearía alzas fiscales. De ahí que el investigador de Civismo, Javier Santacruz, aventure que «la peor de las alternativas de pactos es la de PSOE con Podemos y separatistas, ya que apostarían por alzas tributarias y un fuerte aumento del gasto público que comprometería la estabilidad tanto fiscal como de la prima de riesgo española». De hecho, un pacto de PSOE y Podemos comportaría subidas impositivas que rebasarían los 11.000 millones.

«Los inversores rechazan que el esfuerzo y el trabajo se castiguen con impuestos cada vez más altos»

Alvargonzález destaca que, además, esas alzas tributarias que planean PSOE y Podemos castigarían especialmente «al verdadero motor de la economía, la clase media», ya que los umbrales a partir de los que estos partidos catalogan a un contribuyente de rico son bajos. Añade el experto en mercados que «los inversores no ven atractivo a un país en el que el trabajo y el esfuerzo se castigan con impuestos cada vez más altos». Por otra parte, apunta que España sigue anclada en un modelo económico basado en ladrillo, turismo e impuestos, lejos de la transformación digital que nos blindaría frente a futuras crisis.

«Una alianza PSOE-Podemos con miembros de la formación morada en Ministerios troncales sería incluso peor que la repetición de elecciones», enfatiza Robles, aspecto en el que coincide con Santacruz.

Visión empresarial

Desde el punto de vista de las patronales, existe preocupación por un Gobierno que sume socialistas y morados. A las reticencias que ya expresara recientemente la CEOE -cuyo presidente, Antonio Garamendi, opinó hace unos días que la puesta en marcha de un programa económico similar al de Podemos supondría un retroceso para la economía española-, se suman las de la confederación empresarial Cepyme: «Nos preocupan algunas medidas adoptadas recientemente y el riesgo de que el futuro Gobierno pueda continuar por esa línea, que puede suponer mayores incrementos de costes para las empresas, además de un deterioro del diálogo social en materias clave para las empresas. Por eso, insistimos en la moderación, en la estabilidad y en la seguridad jurídica como prioridades en estos momentos», indican desde la patronal a consultas de elEconomista.

Con todo, también reconocen que «es imprescindible contar cuanto antes con un Ejecutivo estable, que aporte confianza a los inversores garantizando la consolidación presupuestaria, la unidad de mercado y la estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. Además debe acometer distintas reformas económicas estructurales pendientes que mejoren nuestra competitividad y reduzcan nuestros principales desequilibrios en materia desempleo y endeudamiento pública».

Desde el Círculo de Empresarios son más claros todavía: «Consideramos que un Gobierno del PSOE con Unidas Podemos y el apoyo de los independentistas sería perjudicial para los intereses de España, ya que los partidos aliados condicionarían y orientarían su política económica y social hacia postulados que podrían comprometer la puesta en marcha de las reformas estructurales pendientes para impulsar la competitividad de nuestro modelo productivo, además de incrementar la carga fiscal de empresas y ciudadanos y sembrar dudas sobre nuestros compromisos de reducción de déficit y deuda pública. No parece, en cualquier caso, que un Gobierno de esas características pudiera ofrecer la estabilidad deseable por las dificultades que encontraría para completar la legislatura», indica su secretario general, Alfredo Bonet.

«El Círculo de Empresarios se ha manifestado públicamente en favor de un Gobierno de coalición entre los grandes partidos constitucionalistas y europeístas, es decir, PSOE, PP y Ciudadanos», matiza el representante del Círculo. «Ya en su momento dijimos que lo que conviene a España es un Gobierno alejado de postulados extremistas, con vocación y capacidad de culminar la legislatura, aportando estabilidad a un país que lleva ya muchos años instalado en una incertidumbre política que genera desconfianza en las empresas y en los ciudadanos», añade Bonet.

Desde el punto de vista sindical, la situación es diametralmente opuesta. «No vamos a opinar si la apuesta debe pasar por un Gobierno de cooperación o de coalición», precisa Fernando Lezcano, secretario confederal de Organización de Comisiones Obreras. «El Gobierno que llegue tiene que impulsar la agenda social, y la sensación que tenemos es que eso va a llegar con más facilidad con un Ejecutivo formado por las izquierdas».

Decisión clave sobre la reforma laboral

A pesar de que miembros del actual Gobierno en funciones han dado a entender que la derogación de la reforma laboral quedaría aparcada en la nueva legislatura, Lezcano considera que los de Iglesias podrían empujar en esta dirección. «Esto se podría conseguir con Podemos».

En su orden de prioridades para el nuevo Gobierno figuran, además de la reversión de la reforma, combatir la precariedad laboral (sobre todo la temporalidad) y luchar por que las empresas cumplan con la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, no descartando la reivindicación de subirlo en 2020 a 1.000 euros. En este sentido, el profesor del CEF Juan Fernando Robles tilda de crucial la decisión que finalmente se tome sobre los cambios en la reforma laboral, que puede afectar a las decisiones empresariales sobre la dimensión de las plantillas hasta que la contrarreforma se clarifique. En cualquier caso, el denominador común de la preocupación son las alzas fiscales y el hecho de que la hoja de ruta económica dependiera de Podemos.