Los pasos del juez en el caso Villarejo, decisivos para la actuación del BCE

Los pasos que dé el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el caso Villarejo son clave para la actuación del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España sobre BBVA. La Fiscalía Anticorrupción está a tan solo días de solicitar al juez la imputación del banco como persona jurídica para que afronte las responsabilidades que puedan derivarse de la trama y, si el magistrado la acepta, marcará un antes y un después en la situación de la entidad. Una imputación al banco azul puede cambiar el ritmo mantenido hasta el momento por el supervisor bancario europeo. El BCE, hasta ahora, ha limitado su postura pública ante el caso a pedir al grupo financiero celeridad en la investigación interna que inició hace más de un año para aclarar los presuntos espionajes. Sin embargo, si García Castellón involucra a BBVA en el caso en calidad de imputado, el BCE comenzaría a estudiar la posibilidad de abrir un expediente sancionador contra el banco.

El organismo que encabeza Mario Draghi es el único que tiene potestad a nivel administrativo para iniciar una investigación sobre la entidad como persona jurídica, competencia de la que carece el Banco de España. No obstante, a la par, el BCE no tiene poderes para abrir un expediente sancionador a personas físicas, en el caso de que fueran imputadas, pero sí podría solicitar al supervisor nacional, en este caso al Banco de España, que iniciara una investigación. A día de hoy, según confirman fuentes financieras a este diario, ni el BCE ha movido ficha al respecto, ni el Banco de España ha iniciado ningún expediente.

Cabe recordar que el Banco de España abrió un expediente sancionador a la cúpula de Banco Popular tras conocerse que la entidad, presuntamente, se sirvió de un entramado empresarial en Luxemburgo para ocultar parte de las pérdidas del grupo financiero. Sin embargo, como el caso está siendo investigado por la vía penal también en la Audiencia Nacional, el supervisor español decidió el pasado mes de junio congelar la investigación, hasta que haya una sentencia al respecto. Esta decisión es casi un automatismo, puesto que una gestión jurídica está por encima de la que realiza el Banco de España, que es administrativa. Por tanto, la institución que encabeza Pablo Hernández de Cos esperará a que haya sentencia firme para retomar el expediente. En el caso de BBVA, la situación podría volver a repetirse.

El reglamento del BBVA obliga a los consejeros a comunicar sus circunstancias que puedan perjudicar al banco

Lo que sí puede hacer el BCE sin necesidad de llegar a una imputación es solicitar cambios en la cúpula de la entidad. El organismo europeo tiene dos vías para hacerlo. De un lado, en los contactos internos que mantiene con el grupo en temas de gobernanza, si detecta fallos, podría solicitar cambios. Asimismo, si el juez involucra a la cúpula gestora en el caso, la institución europea puede reactivar el procedimiento Fit and Proper (apto y adecuado, en inglés) para valorar la idoneidad de los consejeros. En este punto, el organismo entraría a valorar la adecuada reputación de los gestores a través de la aplicación de unos criterios que pasan por estudiar las cuestiones judiciales a las que se enfrentan. En el caso de que estos cargos examinados no pasaran el umbral del BCE, también podría pedir salidas de los miembros del órgano gestor. No obstante, el organismo no entraría a intervenir la entidad a menos que pasara por un problema grave de solvencia, es decir, que estuviera a punto de caer. De momento, el supervisor europeo considera que el problema de BBVA se limita a una cuestión reputacional.

Cabe recordar que el reglamento del consejo de administración de BBVA obliga a los consejeros del banco a poner en conocimiento del órgano gestor aquellas circunstancias que les afecten y puedan perjudicar al crédito y reputación social de la entidad.

Motivos del cese de la cúpula

En este caso, los miembros deberán poner su cargo a disposición del consejo y aceptar la decisión que éste pudiera adoptar sobre su continuidad o no, quedando obligados en este último caso a formalizar la correspondiente renuncia cuando por hechos imputables al consejero en su condición de tal se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio, al crédito o reputación de la sociedad o cuando perdiera la idoneidad.

De los 15 miembros que en la actualidad componen el consejo de administración, once de ellos ocupaban sus respectivos asientos en las fechas en las que el banco encargó los presuntos espionajes y pagó al menos 12 millones al excomisario Villarejo por ellos, desde 2004 a 2017. De hecho, una de las prohibiciones del reglamento del consejo de BBVA es «hacer uso de los activos sociales […] con fines privados». De la lista de miembros, en principio solo quedan fuera de esas fechas el actual consejero delegado Onur Genç; el exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana; y los independientes Juan Pi Llorens y Juan Verplancke.

La imputación del exconsejero delegado del banco Ángel Cano y los últimos casos de espionaje que han salido a la luz cada vez aprietan más la soga alrededor del actual presidente Carlos Torres. El ejecutivo fue el número dos de FG entre 2015 y 2018, como en su momento lo fue Cano. Durante la época en la que Torres fue consejero delegado y tenía la misión de velar por los intereses del banco y de sus accionistas, BBVA emitió facturas a Villarejo y además, en 2017, según El Mundo, encargó al excomisario espiar a los accionistas que pudieran ser críticos a FG en la Junta de ese año.