El Ayuntamiento de Barcelona obliga a Pacha, Shôko, Carpe Diem y Opium a bajar las persianas

El Ayuntamiento de Barcelona y el Estado –que es quien gestiona la zona marítima- han llegado a un acuerdo que obligará a las discotecas del frente marítimo de la capital catalana a cerrar sus puertas a medio plazo. Las afectadas son Pacha, Shôko, Carpe Diem y Opium.

El motivo: no se renovarán sus concesiones por un cambio de uso de la zona, que pasará a destinarse a la ampliación del centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, ha detallado que la concesión de uso a las discotecas finaliza el 21 de junio y que antes de ese término cerrarán el acuerdo con el Estado –cuyos trámites ha reconocido que están muy avanzados-. Pin ha resumido que la decisión supondrá «una gran mejora de cara a verano para los vecinos de la Barceloneta», según Europa Press.

Aparte, el consistorio ha abierto expediente sancionador a tres de estos locales –Carpe Diem, Shôko y Pacha- por incumplir las medidas de seguridad. Ello implica que deberán cerrar durante un mínimo de 15 días y un máximo de 6 meses para subsanar las deficiencias, lo que a la práctica podría significar que ya no volvieran a abrir más.

Los déficits se relacionan, concretamente, con las vías de evacuación, señalización de emergencia, alumbrado de emergencia y evacuación y equipos y sistemas de protección contra incendios.

Los afectados disponen todavía de dos semanas para presentar alegaciones y reparar las infracciones. El Ayuntamiento ha argumentado que durante el mes de marzo se enviaron un total de 42 cartas informativas a establecimientos donde se les advertía de la campaña de inspección para comprobar «sus condiciones de prevención y seguridad».

De todos modos, Roger Pallarols, director general del Gremi de Restauración de Barcelona, ha afirmado en unas declaraciones para Tv3 que le parece «una extraña coincidencia» y una «mala praxis electoral». Pallarols resume que se trata de «una forma más de demostrar cómo el gobierno de Colau termina la relación con la actividad económica, que es sin entendimiento, sin diálogo y con acusaciones graves».